16/11/2026
La mayoría de las empresas en México tiene bien identificadas sus obligaciones en materia de seguridad física: extintores, señalización, equipo de protección. Lo que todavía genera dudas —y multas— es una obligación menos visible pero igualmente exigible desde hace varios años: identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, conforme a la NOM-035-STPS-2018.
Esta Norma Oficial Mexicana, publicada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018, obliga a todos los centros de trabajo del país —sin importar el giro— a establecer una política de prevención de riesgos psicosociales, identificar cargas de trabajo excesivas, jornadas que rebasan lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, violencia laboral y eventos traumáticos severos, y a tomar medidas para controlarlos.
De acuerdo con los artículos transitorios de la propia Norma, la obligación no entró en vigor de golpe: la política de prevención y las medidas básicas (numerales 5.1, 5.4 y 5.5) son exigibles desde el 23 de octubre de 2019, y el resto de las obligaciones —incluida la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y, en empresas de más de 50 trabajadores, la evaluación del entorno organizacional— es exigible desde el 23 de octubre de 2020. En otras palabras: hoy, toda la Norma está vigente y es revisable en cualquier visita de inspección de la autoridad laboral.
La propia NOM-035 escalona las obligaciones conforme al número de trabajadores del centro de trabajo (artículo 2, Campo de aplicación):
La Norma también reconoce que las empresas certificadas, vigentes, bajo la NMX-R-025-SCFI-2015 (Igualdad Laboral y No Discriminación) ya cumplen con algunas de estas obligaciones por esa vía.
El fundamento para exigir el cumplimiento de cualquier Norma Oficial Mexicana en materia de seguridad y salud en el trabajo está en el artículo 132, fracciones XVI a XVIII, de la Ley Federal del Trabajo, que obliga al patrón a instalar y operar sus centros de trabajo conforme a dichas normas y a difundirlas entre el personal. El incumplimiento se sanciona con base en el artículo 994, fracción V, de la misma Ley: multa de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al patrón que no observe las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir riesgos de trabajo.
Con el valor diario de la UMA vigente desde el 1 de febrero de 2026 ($117.31, publicado por el INEGI en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2026), esa multa va de $29,327.50 a $586,550.00 pesos por centro de trabajo, además de las medidas correctivas que ordene la autoridad laboral y, en casos de denuncia por violencia laboral o acontecimientos traumáticos no atendidos, la exposición a demandas laborales y responsabilidades adicionales frente al IMSS.
Para una empresa, el cumplimiento de la NOM-035 no debería verse como un trámite más, sino como la evidencia documental de que existe una política activa de prevención: eso es exactamente lo que revisa un inspector de la STPS y lo que, en caso de un accidente o una denuncia, puede marcar la diferencia entre una observación menor y una sanción económica significativa.
Esta nota es informativa y no sustituye la asesoría profesional.
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