Muchas empresas viven con el temor de que el SAT pueda revisarlas "en cualquier momento, sin límite de tiempo". No es así: el Código Fiscal de la Federación (CFF) establece plazos de caducidad después de los cuales la autoridad pierde la facultad legal para determinar contribuciones omitidas, imponer sanciones o incluso iniciar una revisión por un ejercicio ya prescrito. Conocer estos plazos —y sus excepciones— es clave para la defensa fiscal de cualquier negocio.
La regla general: cinco años
De acuerdo con el artículo 67 del CFF, las facultades de las autoridades fiscales para determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos, sus accesorios, y para imponer sanciones por infracciones fiscales, se extinguen en un plazo de cinco años. El cómputo inicia al día siguiente de que ocurra, según el caso:
- Se presentó la declaración del ejercicio (tratándose de contribuciones con cálculo anual, como el ISR).
- Se presentó o debió presentarse la declaración o aviso de una contribución que no se calcula por ejercicios.
- Se cometió la infracción a las disposiciones fiscales (o cesó, si fue continua).
- Se levantó el acta de incumplimiento de una obligación garantizada mediante fianza a favor de la Federación.
Cuándo el plazo se duplica a diez años
El mismo artículo 67 prevé un plazo ampliado de diez años cuando el contribuyente no se inscribió en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleva contabilidad o no la conserva durante el plazo legal, no presentó alguna declaración del ejercicio estando obligado a hacerlo, o no incluyó en su declaración de ISR la información sobre IVA o IEPS que se le solicita. Si posteriormente el contribuyente presenta de forma espontánea (sin que se la hayan requerido) la declaración omitida, el plazo vuelve a cinco años, pero sin que la suma del tiempo ya transcurrido y esos cinco años exceda de diez años en total.
Para los casos de responsabilidad solidaria de socios y accionistas (artículo 26, fracciones III, X y XVII del CFF), el plazo de caducidad es de cinco años, pero empieza a correr a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente, no desde la fecha de la declaración.
El plazo se suspende, no se interrumpe
Una precisión importante: el plazo de caducidad no se interrumpe (es decir, no vuelve a cero), pero sí se suspende en ciertos supuestos, reanudándose después donde se había quedado. El artículo 67 señala que esto ocurre cuando el SAT ejerce alguna de las facultades de comprobación previstas en las fracciones II, III, IV y IX del artículo 42 del CFF (revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión de dictámenes o revisión electrónica), cuando se interpone un recurso administrativo o juicio, cuando se solicita una resolución particular en términos del artículo 34-A, o cuando el contribuyente no puede ser localizado por haber desocupado su domicilio fiscal sin dar el aviso correspondiente. También se suspende en caso de huelga o de fallecimiento del contribuyente, hasta que se designe representante de la sucesión.
Ningún plazo es eterno: los topes legales
Para que la suspensión no se convierta en una caducidad indefinida, la propia ley fija topes. En el caso de visitas domiciliarias, revisión de la contabilidad en oficinas de la autoridad o revisión de dictámenes, el plazo de caducidad suspendido, sumado al tiempo en que no estuvo suspendido, no puede exceder de seis años con seis meses o siete años, según el caso; si la suspensión acumulada es de dos años o más, el tope sube a siete, siete años con seis meses u ocho años. Además, el artículo 46-A del CFF obliga a la autoridad a concluir la visita domiciliaria o la revisión de gabinete dentro de doce meses contados desde que notifica al contribuyente el inicio de las facultades de comprobación (dieciocho meses para quienes forman parte del sistema financiero o tributan en el régimen de integración fiscal).
Es importante no confundir la caducidad con la prescripción. Mientras la caducidad se refiere a la pérdida de la facultad del SAT para determinar o sancionar, la prescripción (artículo 146 del CFF) aplica cuando ya existe un crédito fiscal firme y determinado: éste se extingue en cinco años contados desde que pudo ser legalmente exigido, plazo que se interrumpe con cada gestión de cobro notificada al deudor, pero que en ningún caso puede exceder de diez años.
¿Qué debe hacer tu empresa?
La caducidad y la prescripción no operan de forma automática en la práctica administrativa: el propio artículo 67 señala que, transcurridos los plazos, el contribuyente puede solicitar que se declare que las facultades de la autoridad se han extinguido. Por ello, llevar un control preciso de las fechas de presentación de declaraciones, de notificaciones de auditorías y de cualquier recurso o juicio en curso es esencial para poder invocar la caducidad como defensa cuando el SAT pretenda revisar o cobrar ejercicios que ya deberían estar fuera de su alcance. Las facultades para investigar delitos fiscales, en cambio, no se extinguen por el paso de este plazo.
Fuentes
- Código Fiscal de la Federación, artículo 67 (caducidad de facultades de las autoridades fiscales; párrafos reformados DOF 12-11-2021), Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, texto vigente con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09-04-2026.
- Código Fiscal de la Federación, artículo 46-A (plazo máximo de doce o dieciocho meses para concluir visitas domiciliarias o revisiones de gabinete; apartado reformado DOF 12-11-2021).
- Código Fiscal de la Federación, artículo 42 (facultades de comprobación de las autoridades fiscales) y artículo 146 (prescripción del crédito fiscal).
Esta nota es informativa y no sustituye la asesoría profesional.
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